Las redes de provisión de gas natural en nuestro país se realizan habitualmente de dos maneras:

• Proyectos por Convenios Particulares, promovidos por empresas contratistas de obra, que se ejecutan y garantizan a través de convenios entre los vecinos y la empresa.
  
  
• Proyectos por Utilidad Pública y Pago Obligatorio, en los que los Municipios participan promoviendo la adhesión del 60% de los potenciales beneficiarios y reservándose la autoridad de declarar la obra “de utilidad pública y pago obligatorio”. El financiamiento se realiza a través de fondos aportados por la empresa, y/o el municipio y/u otros agentes financieros. Y la declaración de utilidad pública permite a la empresa a cobrarles a todos los vecinos dueños de parcelas beneficiadas por la obra independientemente de que hayan estado de acuerdo o no con su ejecución. Cuando un vecino no paga la empresa solicita al municipio que emita un “Certificado de deuda” que permite la ejecución y cobro de la deuda por medio de un “juicio de apremio” (sumarísimo y muy simple de implementar).

En ambos casos los beneficiarios se limitan a aceptar una oferta que suele ser gravosa, tanto en costos como en la forma de pago establecida. En el establecimiento de estas condiciones los beneficiarios no tienen participación alguna, éstas resultan de negociaciones entre la empresa contratista y el gobierno local.

La consecuencia es un elevado costo de conexión, reducida incorporación a las redes, en especial de los sectores más pobres, y casos frecuentes de corrupción. En algunas ocasiones esto conlleva la inviabilidad de los proyectos.